En un hecho que ha sacudido a la comunidad de Cañadón Seco, la Fundación Valdocco, un hogar de menores, fue objeto de una intervención judicial ordenada por el Juzgado de Familia de Caleta Olivia. La medida, llevada a cabo por el gobierno provincial, ha desatado un fuerte debate en torno a los derechos de los niños y la forma en que se ejecutan estas acciones.
Juan Carlos Molina, el padre a cargo de la institución, ha calificado esta intervención como un “atropello” que ha vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residen en el hogar. En su relato, Molina describió la situación como un acto intimidatorio, donde la presencia de un gran despliegue de fuerzas policiales y funcionarios provocó miedo y confusión entre los menores, quienes no recibieron explicaciones claras sobre los motivos de la intervención.
La gravedad de la situación llevó a Molina a informar a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, en busca de protección y justicia para los niños afectados. En sus declaraciones, el responsable de la Fundación no escatimó en críticas al gobierno, acusando un “exceso y abuso de autoridad”, y sugiriendo que la intervención podría estar vinculada a lo que él describe como una “cacería” por parte del Ministerio de Trabajo, que le impidió acceder al hogar para velar por el bienestar de los menores.
Desde el Gobierno de Santa Cruz, la respuesta no se hizo esperar. En un comunicado oficial, se defendió la legalidad del operativo, afirmando que se actuó en cumplimiento de una medida judicial y que intervinieron organismos provinciales como el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La administración provincial enfatizó que el proceso se desarrolla bajo el marco de la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 3.062, resaltando la importancia de la confidencialidad dado que se trata de una causa en investigación relacionada con la protección de los derechos de los menores.