En el Congreso de la República, un proyecto de ley que busca regular el acceso de menores de edad a las redes sociales ha generado un amplio debate.
La propuesta, que ya ha sido aprobada en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, establece que los niños menores de 14 años no podrán crear cuentas en estas plataformas sin el consentimiento expreso de sus padres o tutores.
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La iniciativa impulsada por el Centro Democrático contó con el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro. El objetivo de la iniciativa es evitar que los menores de 14 años puedan celebrar contratos directamente con plataformas de redes sociales para abrir cuentas.
Para ello, se propone la implementación de sistemas de verificación que aseguren el cumplimiento de esta normativa, en caso de que el proyecto supere todas las etapas legislativas necesarias.
“El control aquí dispuesto será de obligatorio cumplimiento, salvo consentimiento expreso de tutores legales, representantes legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor de catorce (14) años. Para tal efecto, las plataformas digitales de redes sociales o medios que presten servicios de redes sociales en internet o plataformas digitales de interacción social en internet, deberán desarrollar en sus configuraciones, segmentos de acceso y advertencia sobre el control legal aquí dispuesto”, específica el texto.
El documento especifica que los menores que no alcancen la edad mínima establecida no podrán acceder a las redes sociales, a menos que se cumplan las condiciones estipuladas en el parágrafo segundo del artículo cuatro. Esta medida busca proteger a los menores de los riesgos asociados al uso no supervisado de estas plataformas.
Según el texto legislativo, estas plataformas estarán obligadas a implementar mecanismos de verificación de edad y a eliminar las cuentas de usuarios menores de 14 años, junto con toda su información personal.
De no cumplir con estas directrices, las empresas enfrentarán multas que oscilan entre 6500 millones de pesos y 65.000 millones de pesos (aproximadamente entre 1.6 millones de dólares y 16.6 millones de dólares). “El proceso sancionatorio aquí dispuesto estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”, señala el proyecto.