Pese al estado de emergencia, la región La Libertad vuelve a estar en el foco de la atención pública tras el reciente descubrimiento de dos cuerpos sin vida en un campo del sector Galindo del distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo. El hallazgo fue realizado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente por la Depincri Este – El Porvenir, quienes llegaron a la zona luego de recibir información sobre la presencia de los cuerpos abandonados.
Según los primeros reportes, uno de los cuerpos presentaba varios impactos de bala, mientras que el otro registraba heridas en distintas partes del cuerpo, lo que ha reforzado la hipótesis de que el caso estaría relacionado con un acto de violencia planificado, como un ajuste de cuentas o venganza.
Los efectivos policiales indicaron que el 2 de diciembre de 2024, Leandro Bruguera Peralez presentó una denuncia por la desaparición de dos ciudadanos extranjeros: su sobrino, Antonio Bruguera Álvarez, de 21 años, y Duglas Yonaiquel Velásquez Hugo, de 17 años. De acuerdo con la denuncia, ambos jóvenes salieron el 30 de noviembre con destino a la discoteca Maroma y no regresaron a casa desde entonces.
Si bien los cuerpos encontrados aún no han sido identificados oficialmente, la similitud de las características con la descripción de los desaparecidos ha incrementado las sospechas de que podrían tratarse de las mismas personas. Los peritos de criminalística de la PNP ya se encuentran recopilando pruebas en la escena del crimen con el fin de confirmar sus identidades y esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.
La PNP maneja como principal línea de investigación un posible ajuste de cuentas, dadas las características del crimen y la modalidad en que los cuerpos fueron encontrados. La intervención de la División de Investigación Criminal (Divincri) resulta clave para profundizar en los posibles vínculos de las víctimas con situaciones o personas relacionadas a actividades ilícitas.
Asimismo, las autoridades buscan determinar si los jóvenes pudieron haber sido objeto de represalias por algún conflicto previo o si existen conexiones con bandas criminales que operan en la zona. La información recopilada de familiares, testigos y la última localización conocida de las víctimas, como la discoteca Maroma, será fundamental para reconstruir los hechos.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró en emergencia la ciudad de Trujillo en febrero de 2024; sin embargo, más de diez meses después, la medida no ha logrado mejorar la seguridad ciudadana en la región La Libertad. Distritos como Pataz, Trujillo y Virú continúan enfrentando delitos como extorsiones y explosiones provocadas. En particular, la provincia de Trujillo se ha convertido en un foco constante de violencia, con la presencia de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, extorsiones y otros delitos que han agravado la inseguridad tanto en áreas urbanas como rurales.
En noviembre de este año, durante las protestas en Virú exigiendo mayor seguridad, el gobernador César Acuña solicitó al Gobierno que el Ejército asuma el control de Trujillo y Virú. Según declaraciones del propio gobernador a la prensa, esta medida se implementaría desde este mes de diciembre y tendría una duración de 90 días. Hasta ahora, dicha medida no se ha ejecutado.
“Creo que el estado de emergencia va a terminar en diciembre, porque en diciembre si esto sigue peor, quien va a controlar por 90 días a Trujillo es el Ejército. Mientras que en 90 días se implementa la base Dinoes en Trujillo. Ya el lunes viene el coronel que va a ser responsable de Dinoes en La Libertad. Viene el coronel Arana. Vamos a hacer un plan (…) Va a ser una experiencia como en Estados Unidos”, afirmó Acuña ante los medios de comunicación.