En los últimos meses, Lima Metropolitana ha enfrentado un incremento significativo en los casos de robos, extorsión y sicariato, a pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la seguridad ciudadana. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inseguridad continúa siendo una preocupación prioritaria para los habitantes de la capital peruana.
El informe técnico, denominado “Estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia”, recoge las denuncias registradas entre abril y junio del presente año por delitos como contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud, la seguridad pública y la libertad, entre otros. Los datos revelan tanto el crecimiento de la delincuencia en algunas jurisdicciones como la destacada seguridad en otras, en un panorama marcado por grandes contrastes.
Este incremento ha llevado a las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional a implementar diversos planes de acción como el estado de emergencia en varios distritos de Lima y operativos para combatir la delincuencia, aunque los resultados aún no han sido suficientes para revertir la situación. Las estadísticas recopiladas permiten identificar las áreas críticas, así como aquellas que mantienen niveles mínimos de denuncias por delitos.
En medio del complejo panorama de inseguridad, el distrito de Santa María del Mar se posiciona como el más seguro de Lima Metropolitana, registrando un 0,0% de delitos según el último informe del INEI. Esta cifra lo coloca por encima de distritos tradicionalmente asociados con altos estándares de seguridad, como San Isidro y Miraflores. No obstante, es importante aclarar que durante el segundo trimestre se registraron un total de 10 de denuncias, lo que representa el 0,020% de los 49 mil 217 crímenes reportados en la capital.
Sin embargo, dicha cantidad de delitos representa una mejoría porque en el mismo periodo durante 2023 se reportaron 31 denuncias, lo que representa una amplia reducción. Además, entre enero y marzo se realizaron 15 denuncias, principalmente por delitos contra el patrimonio y la administración pública, lo que indica que, aunque es el distrito con la incidencia delictiva más baja, no está completamente exento de criminalidad.
Santa María del Mar, uno de los distritos más pequeños de la capital, mantiene una población reducida y una dinámica local limitada, factores que podrían contribuir a sus bajos índices de delincuencia en comparación con otras jurisdicciones de Lima Metropolitana. Se encuentra ubicado al sur de la capital y limita al norte con San Bartolo, al este con Chilca en la provincia de Cañete, al sur con Pucusana y al oeste con el océano Pacífico.
Originalmente, el territorio que hoy ocupa Santa María del Mar pertenecía al distrito de San Bartolo. No obstante, debido al proceso de urbanización que se inició en 1943, el área fue elevada a la categoría de distrito mediante la Ley 13888, promulgada el 16 de enero de 1962 durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Desde entonces, el distrito ha mantenido una posición destacada como una de las jurisdicciones más seguras de Lima Metropolitana.
Además de Santa María del Mar, otros distritos del sur de la capital destacan por sus bajos índices de criminalidad, que no llegan al 1% de denuncias, según el informe del INEI. Entre ellos se encuentran:
- Punta Negra (0,1%) con 33 denuncias
- Punta Hermosa (0.2%) con 79 denuncias
- Pucusana (0.3%) con 126 denuncias
- Santa Rosa (0,2%) con 77 denuncias.
- San Bartolo (0,1%) con 53 denuncias.
- Cieneguilla (0,3%) con 158 denuncias
- Magdalena del Mar (0,5%) con 241 denuncias
- Pueblo Librea (0,6%) con 298 denuncias
- Surquillo (0,7%) con 363 denuncias
- San Luis (0,8%) con 415 denuncias
- Chaclacayo (0,7%) con 368 denuncias
Estos distritos registran cifras significativamente inferiores en comparación con otras jurisdicciones de la capital, lo que sugiere una dinámica local más tranquila y menor incidencia de actos delictivos reportados.
Por el contrario, el informe del INEI identifica a los distritos con mayor número de denuncias por delitos durante los primeros tres meses del año. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima Metropolitana, ocupa el primer lugar con un total de 5.496 denuncias registradas que representan el 11,2% del total de los crímenes reportados entre abril y junio del 2024.
Otros distritos con alta incidencia delictiva incluyen:
- Lima Cercado (9,7%) con 4.796 denuncias
- Santiago de Surco (4,2%) con 2.070 denuncias
- Comas (5,1%) con 2529 denuncias
- San Martín de Porres (5,4%) con 2.662 denuncias
- Miraflores (4,5%) con 2194 denuncias
- Villa María del Triunfo (4,6%) con 2241 denuncias
Estas jurisdicciones concentran la mayor cantidad de denuncias por delitos contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud, así como la seguridad pública y la libertad, lo que refleja las dificultades que enfrentan las autoridades para controlar la criminalidad en estas zonas especialmente en aquellos distritos que permanecen en estado de emergencia
En un esfuerzo por mejorar la seguridad en los distritos de Lima Metropolitana declarados en emergencia, las Fuerzas Armadas y los alcaldes de estas zonas han intensificado su colaboración. Esta iniciativa busca implementar patrullajes conjuntos y un sistema de control de identidad más efectivo, en respuesta a la prórroga de la emergencia por 45 días.
La reunión, que tuvo lugar en el Fuerte Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, fue presidida por el general de Ejército David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
A este encuentro asistieron representantes de los distritos de La Victoria, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Rímac, San Juan de Lurigancho y Ate. Estos distritos buscan articular acciones que fortalezcan la seguridad en sus áreas.
El fiscal provincial de crimen organizado, Juan Orihuela, destacó que las modificaciones que ha hecho el Congreso de la República a la Ley contra el crimen organizado han obstaculizado investigaciones clave.
La abogada Jhuliana Atahuamán, consultora legal del estudio Alcócer & Asociados, explicó a Infobae Perú que la reducción del ámbito de aplicación de la ley se debe a que muchos delitos ahora tienen penas mínimas inferiores a cinco años. Sin embargo, aclaró que los delitos de corrupción de funcionarios, en su mayoría, siguen siendo investigados bajo el marco de criminalidad organizada en sus formas agravadas.