El Ministerio Público ha recortado presupuesto destinado a la Dirección de Derechos Humanos e Interculturalidad, lo que pone en riesgo los avances en casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad y las búsquedas de desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 2000. Según informó la periodista Jacqueline Fowks, a través de su cuenta de X (antes Twitter), se ha cesado a cuatro biólogos especializados en análisis genético en Ayacucho, una de las regiones donde las organizaciones terroristas y las fuerzas de seguridad del Estado atentaron contra la vida en el periodo de conflicto armado interno.
De acuerdo con un fragmento del documento oficial difundido por Fowks, la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio Público notificó que no se asignaron recursos para la continuidad de los gastos relacionados con derechos humanos en el presente año fiscal. Esta decisión ha derivado en la extinción de vínculos laborales de los especialistas en el laboratorio de biología molecular y genética de Ayacucho, quienes desempeñaban un papel crucial en la identificación de restos humanos mediante análisis de ADN mitocondrial.
El ADN mitocondrial es una herramienta esencial en la identificación forense, especialmente en contextos de crímenes de lesa humanidad. Su resistencia a la degradación y su abundancia en restos óseos y dentales lo convierten en un recurso invaluable para recuperar la identidad de las víctimas halladas en fosas clandestinas. Sin embargo, con la salida de los biólogos, el laboratorio de Ayacucho pierde la capacidad de procesar este tipo de análisis, lo que afecta directamente a los familiares que esperan la restitución de los restos de sus seres queridos.
En las instalaciones del Ministerio Público en Ayacucho, donde operan el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad de Biología Molecular y Genética, los trabajadores han colocado carteles con mensajes como “Sin justicia forense no hay verdad”. Estas expresiones reflejan la preocupación por el impacto que estas decisiones tendrán en los procesos de búsqueda de justicia y verdad para las víctimas y sus familias.
La situación ha generado indignación entre activistas y familiares de las víctimas. Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta, expresó su rechazo a través de redes sociales. Ortiz señaló que las decisiones políticas recientes, como el recorte presupuestal y la disminución de funciones de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, amenazan los derechos a la verdad y la justicia. “Hay cuerpos por identificar y familiares esperando restituciones”, afirmó.
La medida contrasta con las declaraciones realizadas hace un mes por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien, durante una ceremonia de restitución de restos hallados en la zona denominada La Hoyada, del fuerte Los Cabitos, en Ayacucho, se comprometió a continuar con la labor de búsqueda e identificación de víctimas de la violencia.
Este compromiso asegurado en la catedral de Huamanga, ahora parece estar en entredicho, dado que las acciones recientes del Ministerio Público dificultan la continuidad de estas tareas, y el reconocimiento público de los derechos de los afectados y de la reparación integral de la cual son merecedores quienes sufrieron consecuencias de violaciones a los derechos humanos.
El conflicto armado interno que sacudió a Perú durante dos décadas dejó un saldo devastador de más de 148.000 víctimas. Este registro incluye a personas fallecidas, desaparecidas, torturadas, secuestradas, desplazadas y afectadas por violencia sexual. La magnitud de este periodo de violencia supera incluso a las dictaduras de países como Argentina y Chile, y se acerca a las cifras de las guerras civiles en Centroamérica.
De acuerdo con el análisis de Ojo Público, las organizaciones terroristas y las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de al menos 33.000 víctimas mortales, entre muertos y desaparecidos. De estas, el 92% eran civiles, lo que evidencia el impacto desproporcionado que tuvo el conflicto sobre la población no combatiente. Además, el 70% de los casos se concentraron en las regiones de Ayacucho, Huánuco y Junín, mientras que un 12% de las víctimas eran menores de edad.