A dedo, Milei define la designación de dos jueces para la Corte Suprema en una maniobra inconstitucional que tensa nuevamente la división de poderes.
Por partida doble
Ante una situación empantanada con las gestiones de los pliegos en la Cámara Alta, este martes el gobierno anunció la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Hoy lo oficializó a través del Decreto 137/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente.
En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente se explicó: “El presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”.
En el mismo, sostienen que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.
pic.twitter.com/cgGsZ1rayo
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
Desde la Casa Rosada toman esta medida inconstitucional apoyándose en el artículo 99 inciso 19 donde se establece como facultad del presidente: “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Además, argumentan que el Senado hizo silencio después de que el Ejecutivo cumpliera con los pasos para conseguir el aval de la Cámara Alta para ambos nominados.
Milei, denunciado por estafador, designa por decreto de forma completamente autoritaria a un juez denunciado por corrupción. Busca tener mayoría en la Corte Suprema para cuidarse la espalda, nefasto ¡Que se vayan todos!
— Cele Fierro (@Cele_Fierro) February 25, 2025
Esta medida es un nuevo escándalo del gobierno libertario, que avanza sin el acuerdo del Senado, ya que el silencio que mencionan es otra forma de rechazo. Demuestran así la farsa de la división de poderes, que no fue ningún impedimento para que Milei ordene la política a ‘gusto y piacere’ mediante decretos y vetos.
Por otro lado, el gobierno quiere mostrar fortaleza en medio del bochorno de la criptoestafa con la moneda $LIBRA, que sigue acumulando denuncias a nivel internacional.
Te puede interesar: Declaración del MST. Milei, la estafa sos vos: Ganar las calles hasta que se vaya
Los protagonistas
Los elegidos por el dedo de Milei son:
- Manuel García Mansilla de 54 años y nacido en Bariloche es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, cercano al Opus Dei y opositor al derecho al aborto. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador e hizo una maestría sobre la crisis en la separación de poderes en nuestro país. De hecho, afirmó que los DNU destruyeron esa separación de poderes. Si analizara el gobierno de su promotor a la Corte, tendría un interesante caso de estudio para validar su teoría.
- Ariel Lijo de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), criado en los pasillos y oficinas de Comodoro Py. Fue acusado en varias ocasiones de corrupción, así que encaja de manera perfecta en la cofradía libertaria donde Milei estafa y Karina recibe coimas.
Para completar la desprolijidad, Lijo no renunciará a su puesto como juez federal, sino que está solicitando la licencia por el temor de que el Senado no dé acuerdo a sus candidaturas.
La justicia y el régimen de decretos
De este modo, se evidencia una justicia diseñada al servicio de los poderosos, donde el pueblo no tiene opinión alguna. No solo rechazamos ambas designaciones, sino que planteamos profundas críticas a un modelo donde el pueblo queda al margen y los negociados son moneda corriente.
Para democratizarlo todo es necesario que los jueces dejen de ser puestos por el poder político de turno y sean electos por el voto popular. Que también puedan ser revocables, no tengan mandatos eternos y pierdan todos los actuales privilegios salariales e impositivos.
Este nuevo escándalo libertario pone en tela de juicio todo el modelo de justicia que nos impera y vuelve a cuestionar al propio Milei, un estafador cada vez más cuestionado, que sigue queriendo navegar hacia un régimen autoritario a base de decretos. No podemos aceptar más a este gobierno ni a sus jueces corruptos y acomodados. Que se vayan todos.