WASHINGTON.- En otra medida tomada en la noche del miércoles que sacudió a Washington, el mandatario norteamericano, Donald Trump, ordenó una amplia investigación sobre si su predecesor, Joe Biden, encubrió un deterioro cognitivo mientras estaba en la Casa Blanca y era incapaz de ejecutar decisiones presidenciales, una petición sin precedentes que en teoría podría socavar miles de acciones ejecutivas e indultos del exlíder demócrata.
En una orden ejecutiva, Trump dispuso el poder y los recursos del gobierno federal para examinar si algunas de las acciones presidenciales de Biden -que el mes pasado fue diagnosticado con cáncer de próstata con metástasis en los huesos- eran legalmente inválidas porque sus ayudantes habían promulgado esas políticas sin su conocimiento.
La orden ejecutiva se produjo después de que Trump compartiera una publicación en las redes sociales durante el fin de semana en la que afirmaba que Biden había sido “ejecutado en 2020″ y sustituido por un clon robótico, una teoría conspirativa de sectores de ultraderecha, que siguió un patrón de sugerencias por parte del presidente y sus aliados de que Biden estaba mentalmente incapacitado para cumplir la función presidencial.
“Al público estadounidense se le ocultó deliberadamente el descubrimiento de quién ejercía el Poder Ejecutivo, mientras se desplegaba la firma de Biden en miles de documentos para efectuar cambios radicales en las políticas”, apuntó el texto presidencial.
El expresidente demócrata, de 82 años, calificó tales afirmaciones de “ridículas y falsas” en una declaración el miércoles, luego de la publicación de la orden ejecutiva.
“Permítanme ser claro: yo tomé las decisiones durante mi presidencia”, dijo. “Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones”, añadió Biden, que durante su presidencia enfrento un fuerte escrutinio sobre su salud.
De hecho, luego de que el 18 de mayo se revelara el grave diagnóstico sobre el expresidente, rápidamente crecieron las dudas, un debate público y hasta teorías conspirativas, sobre todo desde sectores de la ultraderecha y hasta de Trump.
El presidente, que en primera instancia le había deseado “una rápida y satisfactoria recuperación”, señaló un día después que estaba sorprendido de que el diagnóstico, dada su gravedad, no se hiciera público hace “mucho tiempo”, lo que pareció sugerir que el cáncer del exmandatario no fue diagnosticado hace poco tiempo y que podría haber sido encubierto.
La orden ejecutiva de Trump se centra en si el uso por parte de Biden del llamado autopen -una máquina que usa tinta real para duplicar una firma humana- en las acciones ejecutivas era legítimo, o si sus ayudantes lo utilizaban para ocultar a un presidente que no era cognitivamente capaz de firmarlas él mismo.
Los presidentes han empleado durante mucho tiempo el autopen para firmar órdenes ejecutivas, y Trump dijo que también lo usó para la correspondencia rutinaria. Pero su orden ejecutiva afirma sin pruebas que el propio uso del sistema por parte de la administración Biden puede tener “implicaciones para la legalidad y validez” de algunas de las acciones de Biden como presidente.
Según señaló el diario The Washington Post, la afirmación de Trump de que el uso del autopen por parte de Biden puede ser problemático parece entrar en conflicto con las directrices emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en 2005, que determinaron que un presidente no necesita firmar personalmente su firma en un documento oficial para que se considere válido.
“La Casa Blanca emitió más de 1200 documentos presidenciales, nombró a 235 jueces para la judicatura federal y emitió más indultos y conmutaciones que ninguna otra administración en la historia de Estados Unidos”, señala la orden ejecutiva, tras afirmar que “los ayudantes del expresidente Biden abusaron del poder” de su cargo.
“Esa conspiración constituye uno de los más peligrosos y preocupantes escándalos de la historia de Estados Unidos”, indica el memorándum presidencial.
“El consejero del presidente, en consulta con el fiscal general y el jefe de cualquier otro departamento o agencia ejecutiva relevante investigará si ciertas personas conspiraron para engañar al público acerca del estado mental de Biden y ejercieron de manera inconstitucional las autoridades y responsabilidades del presidente”, dice el documento presidencial.
Justo antes de entregar el poder, el 20 de enero pasado, Biden otorgó indultos preventivos a varios aliados políticos y familiares, incluido su hijo Hunter, para protegerlos de futuros procesos judiciales.
Durante la campaña electoral, Trump atacó recurrentemente las capacidades cognitivas de Biden, y continuó haciéndolo desde su regreso a la Casa Blanca. También sus aliados han apuntado contra las capacidades del expresidente.
Biden, que tenía 81 años en ese momento, abandonó su candidatura para un segundo mandato después de un desastroso desempeño en el debate contra Trump, que avivó las preocupaciones sobre su salud y su agudeza mental. La entonces vicepresidenta Kamala Harris lo reemplazó en la candidatura para las elecciones del 5 de noviembre pasado, ganadas por Trump.
Las especulaciones sobre la salud de Biden también se alimentaron por las revelaciones del libro Original Sin (Pecado original) de los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson.
“El pecado original de la elección 2024 fue la decisión de Biden de postularse a la reelección, seguida de agresivos esfuerzos por ocultar su disminución cognitiva”, escribieron Tapper, presentador estrella de la CNN, y Thompson, reportero del sitio Axios.