POLÍTICA
Martina Isabel Forns hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio kirchnerista del sector.
El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés judicial en su intención de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), también conocida como Vialidad Nacional, ícono de la corrupción kirchnerista.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martin, a cargo de la jueza kirchnerista Martina Isabel Forns, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio del sector y ordenó la suspensión por seis meses del proceso de reestructuración impulsado por el Ejecutivo, que tiene como objetivo eficientizar el sistema y eliminar la corrupción.
«Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada«, fundamentó la jueza Forns al dar curso a la presentación realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
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De esta manera, queda paralizado por medio año el Decreto 461/2025, que preveía reubicaciones, suspensiones, traslados y la eliminación de estructuras dentro del organismo.
En su resolución, la magistrada kirchnerista cuestionó especialmente el artículo 32 del decreto, que establecía una fecha de caducidad para la estabilidad del personal, indicando que dicha disposición, según ella, «se vulneran las normas y garantías laborales vigentes«.
Cabe recordar que hace diez días, el Gobierno de Javier Milei avanzó con la disolución, por decreto, de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien apuntó contra el organismo fundado en 1932, responsable del diseño, construcción, mantenimiento y gestión de la red de rutas nacionales en todo el país.
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Antes de que se conociera el fallo favorable, el gremio kirchnerista había emitido un duro comunicado en redes sociales quejándose del cierre del organismo y la pérdida de privilegios.
El cierre de Vialidad Nacional representaba el fin de una era de ineficiencia y corrupción estructural en la obra pública. Las tareas de mantenimiento y desarrollo de rutas iban a ser coordinadas desde el Ministerio de Economía mediante concesiones a empresas privadas, con un sistema de control a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, dependiente del Gobierno nacional.
Con esta medida, el Gobierno de Milei avanzaba en su compromiso con la reducción del gasto público, la transparencia y la modernización de la gestión estatal.
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