Buenas, ¿cómo va? Esta nueva entrega de Con o Sin Quórum viene con mucha data. Con el parlamento en receso, los gobernadores negociando y el ajuste en marcha, el Gobierno juega su estabilidad en una partida a contrarreloj. Mientras la oposición busca reagruparse para tratar un temario caliente, desde abajo se impone el desafío de la calle: la verdadera fuerza que torció el brazo al oficialismo en el último semestre. ¿Podrá Milei sostener el veto a todo? ¿Quién lo sostiene y quién lo enfrenta? Te lo cuento breve en formato podcast de IA en este link, y con mucho más detalle en formato newsletter. Arranquemos.
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En 2024, el gobierno de La Libertad Avanza, contando con 39 diputados y 6 senadores, logró aprobar en ambas Cámaras la Ley Bases, el paquete de Medidas Fiscales, los vetos presidenciales al financiamiento universitario y el aumento a las jubilaciones y el sostenimiento del megadecreto 70/2023, entre varias otras medidas. Lo hizo porque tuvo apoyos de todos los partidos del régimen: desde los que se pusieron la peluca y terminaron pintados de violeta, como la UCR y el PRO, hasta sectores del peronismo que ingresaron por Unión por la Patria, o con Encuentro Federal o con bloques provinciales, que por acción u omisión, ausentándose de sus bancas o absteniéndose en votaciones, colaboraron en que esas leyes se convirtieran en tales. Un año más tarde, lo que más pudo festejar el Gobierno en el Congreso fue la suspensión de las PASO, la aprobación de un par de leyes para la persecución política y social y haber sostenido el decreto en el que Javier Milei se autoautorizó a tomar nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, evitando el debate parlamentario, también con ese tipo de apoyos.
Pero el último semestre, atravesado por movilizaciones en las calles y por el calendario electoral en el recinto, el tablero parlamentario cambió para el Gobierno. Entre el 1 de marzo y el 18 de julio, la Cámara baja sesionó cinco veces —sin contar la apertura ni los informes del jefe de Gabinete— y en cuatro de ellas el oficialismo sufrió derrotas de peso. Desde el caso $LIBRA hasta la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, pasando por iniciativas que impuso la movilización callejera, como el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
En el Senado, al rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y al fracaso del proyecto de “ficha limpia”, se sumaron las seis leyes que la Cámara alta votó el 10 de julio, entre las que se encuentran las normas previsionales y la emergencia en discapacidad, además de las leyes impulsadas por los gobernadores, de coparticipación del impuesto a los combustibles y de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Ese clima de derrotas legislativas obligó a La Libertad Avanza a replegarse. La parálisis de comisiones clave, como la de Presupuesto y Hacienda —presidida por José Luis Espert— o la de la Comisión Investigadora de Libra, creada para investigar la criptoestafa que involucra al Presidente y su entorno, no logró contener el avance opositor. Como te contaba en esta entrega de Con o Sin Quórum, a través de emplazamientos, dictámenes de mayoría y nuevas alianzas coyunturales, el cerco libertario fue perforado.
Ahora, con el Congreso en receso invernal y en plena cuenta regresiva hacia el cierre de listas para las elecciones de medio término (17 de agosto), la tensión se traslada a lo que vendrá. La oposición anticipa que al regreso buscará convertir en ley los proyectos de Emergencia Pediátrica para el Garrahan y de Financiamiento para las universidades, mientras prepara el terreno —con escasos antecedentes en la historia— para rechazar los vetos presidenciales ya anunciados para todas estas leyes. El Gobierno, por su parte, apuesta a “estirar” el escenario parlamentario si fuera posible hasta octubre, cuando espera un resultado electoral que le permita recuperar la iniciativa con una nueva composición en las dos Cámaras, que no lo haga depender tanto de las alianzas con otros bloques, como en la actualidad. Mientras tanto, se juega a fondo por blindar sus vetos, cortejar a gobernadores aliados, disciplinar a la tropa propia y cerrar a cal y canto las puertas del Congreso, mientras avanza con su plan de ajuste.
Porque claro, ahí también está la cuestión: a pesar del ruido parlamentario, la motosierra sigue funcionando con las herramientas que los partidos tradicionales y las conducciones sindicales, cada cual a su manera, le garantizaron en el recinto durante todo este tiempo. Por eso, por ejemplo, vemos proliferar en la Provincia de Buenos Aires —el “escudo al ajuste” según el gobernador Axel Kicillof— luchas emblemáticas contra los despidos, en defensa de la salud, de la educación, o del salario. Lo analizó Nicolás del Caño en esta entrevista con la periodista Noel Barral Grigera (IP), y lo dijo Christian Castillo en este debate (donde se pudrió todo con la diputada del PRO Sabrina Ajmechet): el Frente de Izquierda actúa de la misma manera a los dos lados de la General Paz.
Los vetos de Milei y la próxima sesión
En estos días, Milei volvió a decir que vetará toda ley que ponga en riesgo el superávit fiscal de su programa económico, logrado con el ajuste a las familias que trabajan. Lo hizo desde La Derecha Fest en Córdoba (donde, como denunció este proyecto del FITU viajó con fondos públicos), y desde su discurso en la 136° Exposición Rural de Palermo, rodeado de lo más rancio de la burguesía del campo. Celebrando la motosierra a los que menos tienen, calificó de “genocidio” sostener las leyes de recomposición jubilatoria (un mísero aumento de del 7,2% más bono de $110.000) y Emergencia en Discapacidad, cuyo plazo constitucional para el veto vence el 4 de agosto. Con sus declaraciones, Milei también se refería al posible rechazo al veto de la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, a las leyes que piden los gobernadores y a las que ya cuentan con dictamen para el Financiamiento universitario y la Emergencia pediátrica del Garrahan, con posibilidades de prosperar. Todo esto carga a los primeros días de agosto de definiciones que seguramente bosquejarán las semanas por venir.
El cierre de alianzas en varias provincias y la ventana de tiempo que ganó el Gobierno con el receso invernal puede poner en cuestión el quórum de 129 diputados que se necesitan para sesionar.
De momento, se sabe que —a diferencia de cuando fue su sanción— el veto a la emergencia para Bahía Blanca encontrará esta vez al bloque del PRO votando fragmentado o ayudando con faltazos, lo que pone en cuestión el pretendido rechazo. Por otra parte, la avanzada de los gobernadores con la media sanción del Senado para la eliminación de fideicomisos para la transferencia del impuesto a los combustibles y los ATN, no fueron tratados en comisiones. El armado electoral de los libertarios en los territorios y las negociaciones en curso por estos fondos, pueden forzar o anular el tratamiento de esas leyes.
Es que poco les importa a los mandatarios locales (se pinten del color que se pinten) de dónde vienen los beneficios que piden ni cómo prosperan el resto de las leyes, que impuso la calle. Y en el álgebra de los partidos del régimen, si los gobernadores lo pidieran, también podría frustrarse el quórum para tratar los vetos presidenciales, la emergencia para el Garrahan, la plata para el financiamiento de las universidades, el rechazo a los vetos presidenciales y la anulación de los decretos impuestos con las facultades delegadas. Todo depende, como siempre, de la movilización en la calle. Eso fue lo que permitió que muchas de las protestas que vimos este semestre traspasaran las paredes del Congreso e impusieran su agenda en el recinto, y lo que explica que sectores que favorecieron a Milei el año pasado ahora se le opongan en ciertos temas.
Si está completa la Cámara a la hora de una votación, el gobierno necesita 87 diputados para sostener el veto a las leyes que están en cuestión. En 2024, lo logró. Pero como dijo acá Chipi Castillo, hoy, la presión política, la crisis de los de arriba, la lucha de los de abajo, es otra. También profundizó en esa idea, cortito y al pie, en la Comisión de Ciencia y Tecnología que se realizó en apoyo a quienes luchan contra el vaciamiento de distintos organismos.
Los gobernadores, las alianzas y los votos
Para lograr que estas leyes entren en vigencia, a pesar de la objeción del Ejecutivo, la oposición necesita alcanzar los dos tercios de los votos. En algunos casos, como la Emergencia en Discapacidad, eso ya se logró en la votación original; en otros, como el de la Moratoria previsional, el texto fue aprobado con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones, lo que vuelve más difícil revertir la decisión, constitucional pero completamente antidemocrática.
En el intento de blindar los vetos e impedir cualquier rechazo, el Gobierno apuesta a sostener el bloque propio de 39 diputados más el respaldo de bancadas del PRO, sectores del radicalismo, ex libertarios y diputados provinciales vinculados a gobernadores aliados. A cambio, el Ejecutivo ofrece recursos, lugares en las listas y gestos nada desdeñables como la baja en las retenciones al sector agropecuario o el nombramiento de quien fuera vocero de la Sociedad Rural —Carlos Curci— como interventor en medios públicos, anunciados recientemente. Algunos, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) o Leandro Zdero (Chaco), ya están en conversaciones por alianzas electorales con LLA, pero el problema es que esta vez los reclamos de los gobernadores no vienen solo del lado de la oposición “dura”, sino que son impulsados por las 24 jurisdicciones provinciales, muchas de las cuales son administradas por aliados coyunturales del oficialismo.
Los gobernadores exigen reciprocidad por el apoyo al Ejecutivo en votaciones clave. Lo explicó recientemente el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), en una cumbre que mantuvo con sus pares del NOA, el también justicialista Gustavo Sáenz (Salta) y el radical Carlos Zadir (jujuy): “Cuando la Nación necesitó de estos tres gobernadores, pusimos un granito de arena” (Letra P). Lo mismo pueden decir varios otros, como Raúl Jalil (Catamarca) y ni hablar los gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Martín Llaryora (Córdoba) y los mencionados Frigerio (Entre Ríos) o el radical Zdero (Chaco), que critican la “falta de federalismo”, pero se sientan a negociar recursos y lugares en las listas.
Una trama híbrida que expone que lejos se está de un bloque opositor ideológico y homogéneo y que la disputa entre Nación y provincias se juega también dentro del universo peronista (Ámbito, Página/12). Las recientes declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como embajador de Estados Unidos en Argentina (ver abajo), muestran también que en esta trama las negociaciones con los caciques provinciales no solo se dan en clave fiscal o legislativa: también responden a una estrategia de alineamiento geopolítico.
La justificación del veto se basa en el impacto fiscal que, según el gobierno, compromete el objetivo de “déficit cero”. Pero en realidad se trata de intereses y prioridades de clase: hay plata para pagar la deuda con el FMI, plata para recursos para Inteligencia, plata para viajes al exterior, plata para eventos como el de La Derecha Fest, plata para bancar la baja de las retenciones a las grandes agroexportadoras, terratenientes y pulpos de siembra, pero “no hay plata” para los jubilados, para las personas con discapacidad, para las y los trabajadores que sostienen la educación y la salud pública. Como analiza el periodista Marcelo Falak, solo la pérdida fiscal que implicarán las anunciadas retenciones (de hasta un 0,22 % del PBI en recaudación) es equivalente —incluso superior— al costo de esas leyes que Milei quiere vetar.
Para el capital agrario, baja de retenciones. Para jubilados y discapacidad, veto. Queda claro que es mentira que «no hay plata», como dice Milei, sino quién se la lleva, la brutal transferencia de ingresos de los de abajo hacia los de arriba que viene haciendo el gobierno
— Christian Castillo (@chipicastillo) July 26, 2025
Vetar leyes con amplio apoyo social, como el aumento a jubilados o la emergencia en salud o discapacidad, podría tener costos políticos y electorales que ya se miden en sondeos. Pero para que efectivamente caiga esa política, que pinta de cuerpo entero el funcionamiento de la casta, el PTS y el Frente de Izquierda proponen que la respuesta al veto sea con un gran paro nacional, acompañado por un plan de lucha que permita unificar todas las demandas, porque si los vetos vienen de arriba, la respuesta tiene que ser masiva y organizada desde abajo.
Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca participan de la movilización de los trabajadores del Garrahan y de otros sectores de lucha contra el ajuste del gobierno. pic.twitter.com/x57f483rVf
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) July 17, 2025
Agosto será un mes clave para medir si el plan de contención del gobierno funciona o si el Congreso logra reactivar su ofensiva. De momento, todo indica que la primera o segunda semana del ¡octavo mes del año! La oposición volverá a reunir quórum para tratar proyectos postergados.
La agenda parlamentaria incluye:
- Insistencia sobre los vetos a jubilaciones, discapacidad y Bahía Blanca;
- Votación del financiamiento universitario y de la Emergencia para el Hospital Garrahan;
- Discusión de los proyectos de los gobernadores sobre ATN e impuestos a los combustibles;
- Reforma de la Comisión investigadora del caso Libra;
- Revisión de varios DNU y decretos delegados firmados por el Gobierno nacional.
El oficialismo intentará bloquear esta agenda. Según se rumorea, buscaría que el 6 de agosto el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brinde su informe de gestión. Sin embargo, eso no impediría que la oposición convoque a una sesión especial, ese u otro día de la semana. La reanudación de la actividad legislativa coincidirá con el cierre de alianzas electorales nacionales del 7 de agosto y la inscripción de candidaturas del 17, lo que suma tensión al mapa político. El plazo para vetar las leyes que molestan a la gestión de Milei vence esta semana. La oposición ya cuenta con dictámenes listos para ser llevados al recinto. Agosto se las trae.
BONUS TRACK
CONTRA LA INJERENCIA IMPERIALISTA
Luego de las declaraciones del propuesto embajador de Estados Unidos en nuestro país, Peter Lamelas, las bancas del PTS, con el apoyo de sus compañeros del FITU, reclamaron en el Congreso el rechazo de su plácet como embajador. Como denuncian, Lamelas sostuvo que su gestión apoyaría al gobierno de Milei, promoviendo su reelección; que controlaría al país recorriendo las provincias para pactar más entrega con los gobernadores; que apoyaría la proscripción de Cristina Kirchner y que podría un ojo especial sobre movimientos a la izquierda del peronismo, que enfrentan en las calles el plan de ajuste de Milei y los organismos internacionales.
Ante las inadmisibles declaraciones de Peter Lamelas, propuesto por Estados Unidos como embajador en nuestro país, presentamos proyecto desde el @Fte_Izquierda para declararlo persona no grata y exigiendo que se rechace el plácet como embajador pic.twitter.com/zt2Ry5R3dA
— Christian Castillo (@chipicastillo) July 24, 2025
En los medios, Myriam Bregman (PTS/FITU) también habló del rol subordinado de Milei en la región y de su pleitesía con el gobierno de Donald Trump. “Nadie debe mirar para otro lado, comenzando por los gobernadores”, dijo. Además, remarcó que “el Congreso debería reunirse de manera urgente para rechazar la presencia de Lamelas y la injerencia imperialista”. Las organizaciones que tanto hablan de organizar la unidad, las conducciones gremiales, estudiantiles y sociales, deberían todas estar convocando a una gran movilización en rechazo de las declaraciones de Lamelas, para mostrar poder en la calle y plantear claramente el rechazo al FMI. El recorte en el Garrahan, el ajuste a la educación, a los jubilados, al salario, tienen allí su explicación principal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
“Enfrentar una elección con cancha inclinada”
El Frente de Izquierda Unidad, que ya lleva 14 años de existencia, conquistó un lugar en cada lucha del pueblo trabajador. En la perspectiva de fortalecer esas peleas, también conquistó bancas en el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes, para amplificar la voz de quienes no la tienen.
De cara a las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, junto a Nicolás del Caño (PTS/FITU) y cientos de destacados luchadores y luchadoras de más de 100 distritos, el FITU se prepara para terciar en la polarización a la que apuntan los partidos del régimen, entre la motosierra de Milei contra los jubilados, la docencia, la salud, la educación, y la figura de Axel Kicillof, que sostiene que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires es un “escudo” ante ese plan de ajuste, pero se abraza con la misma burocracia sindical que deja despidos como los de Secco o Georgalos.
El Frente de Izquierda está siempre del mismo lado, y no distingue gobierno cuando hay ajuste. Como dijo en esta entrevista Laura Cano, legisladora bonaerense y candidata por el PTS/FITU en la octava sección electoral, “nuestra apuesta es ofrecer una alternativa independiente, no solo para las elecciones, sino para el futuro que se viene”. En el terreno electoral, la conquista de nuevas bancas para el FITU es la mejor denuncia que las familias trabajadoras pueden hacer en defensa de sus propios intereses.