Una filtración de mensajes de WhatsApp reavivó el escándalo en torno a la intervención de la obra social de peones rurales (OSPRERA) y volvió a colocar en el centro de la escena al entorno más cercano del presidente Javier Milei.
Según consta en el expediente judicial que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, el interventor Marcelo Petroni habría coordinado acciones directamente con Eduardo “Lule” Menem y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentándose incluso como su representante en negociaciones clave.
La investigación, revelada por Página 12 y reconstruida en base a documentos incorporados a la causa, incluye diálogos comprometedores que muestran cómo Petroni operaba bajo el paraguas político del círculo íntimo de Milei. En uno de los chats más explícitos, enviado a un contacto identificado como “Santiago Comadira. Prensa”, el funcionario asegura: “nosotros somos Lule y Karina”. La frase, para los investigadores, es más que una simple expresión: sería la prueba de que las máximas figuras del oficialismo estaban al tanto e impulsaban la intervención.
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Los mensajes también detallan contactos directos con otros actores de poder. En uno de los diálogos, Petroni sostiene: “nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE. Me consta”. En otro, ordena a un colaborador: “avisale a Lule” y remata con “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”, en referencia al actual presidente de la Cámara de Diputados. Estas expresiones apuntan a una coordinación interna que excedía el marco administrativo de la intervención y que reforzaría la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de un plan político para quedarse con el control de la Uatre, el gremio rural que históricamente maneja OSPRERA.
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Los chats hallados en el celular del interventor muestran además gestiones de alto nivel. Petroni relata en distintas conversaciones encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, con quienes discutía lineamientos de la intervención antes de reportar en la Casa Rosada con Martín Menem. Esa secuencia de reuniones exhibe una trama que, para los investigadores, combina la caja de la obra social con vínculos políticos en el núcleo duro del gobierno libertario.
El caso adquiere mayor gravedad porque, durante la intervención, OSPRERA firmó contratos millonarios con proveedores de insumos médicos, entre ellos la droguería Suizo Argentina, también mencionada en otras causas. La hipótesis central de la fiscalía es que existió un esquema direccionado para concentrar el control financiero de la obra social en manos de un grupo reducido, ligado por lazos familiares y políticos al Presidente.
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Las revelaciones judiciales impactan de lleno en la estabilidad interna del Gobierno. Karina Milei, hasta ahora con bajo perfil público pero considerada “la guardiana del proyecto” por el propio Presidente, aparece involucrada indirectamente en maniobras que ya superaron la esfera administrativa y podrían derivar en imputaciones penales. Eduardo “Lule” Menem, señalado como uno de los articuladores políticos de La Libertad Avanza, aparece mencionado de manera reiterada en las conversaciones como el verdadero impulsor de la intervención.
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La fiscalía de Marijuan ya incorporó estos mensajes como prueba documental y analiza nuevas medidas de prueba para determinar si existió connivencia entre los funcionarios involucrados y proveedores beneficiados. Mientras tanto, desde el oficialismo evitaron pronunciarse en detalle sobre los hallazgos, aunque fuentes cercanas a la Casa Rosada reconocen que la exposición mediática del caso genera “ruido político” en un momento en que Milei busca consolidar su gobernabilidad en el Congreso.