“¿Hay algo más casta que buscar un juez denunciado por abuso para limitar la libertad de expresión? VLLC”, posteó en su cuenta de X el exministro de Educación Esteban Bullrich, quien viene peleando contra una terrible enfermedad que le da poca tregua y, aun así, cuando el momento lo requiere, suele hacernos reflexionar sobre el valor de lo que tenemos y no valoramos: una democracia republicana. Esta vez, Esteban tuvo que salir al ruedo para contradecir a su homónima, Patricia, quien supo ser su aliada y compañera de gabinete, pero ahora, desde otra vereda, parece olvidar que en un sistema republicano la libertad de expresión es un valor que nunca debería ponerse en duda.
“Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream. Dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente”, dice en su página 18 el escrito presentando por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la justicia el lunes pasado, como una estrategia de contragolpe frente a las denuncias de corrupción que acechan al gobierno, que partieron de unos audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Este pedido recibió el rechazo de prácticamente todo el periodismo independiente, de las asociaciones que representan a los periodistas y a las empresas periodísticas: Fopea y Adepa, de todos los letrados constitucionalistas, los más reconocidos hasta desafiaron la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, que hizo lugar al pedido de Karina Milei, como el doctor Roberto Gargarella, que no dudó en señalar: “Yo pasaría el audio en nombre de la Constitución, que deja claro que no hay espacio para la censura previa”. La acción de la ministra también fue descalificada por todo el arco político y gran parte de la sociedad.
El propio fiscal, Carlos Stornelli, tomó la denuncia y abrió una pesquisa, pero fue lapidario en su dictamen: “La investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice”, aclaró, demostrando que hay hombres con responsabilidad institucional que se toman muy en serio custodiar los derechos constitucionales. La noticia recorrió el mundo, donde los medios comienzan a señalar que el gobierno libertario aplica censura previa, rompiendo un contrato implícito con la sociedad que lo eligió gritando a los cuatro vientos que era el “gobierno de la libertad”. Incluso aliados, como dirigentes políticos que no son libertarios pero suelen acompañar al gobierno, o periodistas y analistas que suelen coincidir con la mayoría de las decisiones del oficialismo se despegaron de esta jugada que claramente atenta contra uno de los valores más importantes de un sistema democrático.
Fue confuso, porque Patricia Bullrich, en una entrevista en A24 con el colega Pablo Rossi, desmintió a su interlocutor diciendo que ella no había pedido allanamientos a medios y periodistas. Al leerle al aire su escrito, se generó un papelón mayúsculo, quedando expuesta a una mentira o a una improvisación, porque la alternativa a pensar que estaba faltando a la verdad era que la ministra no había leído en detalle lo que había firmado, lo cual parece imposible teniendo en cuenta su apego al control en su trabajo.
“Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosa de la historia, comandada por el kirchnerismo”, dijo Bullrich en las últimas horas, cuando señaló que el gobierno era víctima de una “infiltración en la Casa Rosada”, en una acusación embarrada con supuestos vínculos de espionaje venezolanos y rusos. Es tan inverosímil el argumento oficialista que hasta parece el guion de una película de clase B diseñado para tapar lo que claramente parece un episodio de filtraciones internas producidas por el malestar de algunos sectores de La Libertad Avanza no conformes con las decisiones tomadas por el corazón del poder libertario, cuando todo apunta a Karina Milei y los primos Menem, y los supuestos hechos de corrupción. La ministra se olvida que fue en la propia Casa Rosada cuando, para pergeñar el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, ingresó a ella un supuesto ciudadano de Singapur, Julián Peh, que no se llamaba así sino Qihao Bao, y que ni siquiera era de Singapur. Sin embargo, ingresó sin inconvenientes a la sede del gobierno. Parece que de nada valió quintuplicar los fondos para la SIDE -mientras se recortaba presupuesto en áreas sensibles- porque la “inteligencia” volvió a fallar.
Cuando el presidente Milei con su frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” comenzó su “cruzada” personal en su contra, acusándolos sin pruebas de “ensobrados”, insultando y descalificando a todos por igual, sin dar nombres. Patricia Bullrich pareció acompañar esa estrategia, al no esbozar un cuestionamiento a esas actitudes, incluso a aquel recordado “los vamos a ir a buscar”. Demostró en ese sentido poco compromiso para alguien que se ha identificado siempre como un “halcón republicano” en constante lucha contra el populismo. Esta vez, actuó con celeridad para impedir la divulgación de esos audios. Pero, vale recordar, no intentó hacer algo cuando las espadas libertarias más conocidas en las redes sociales pedían dinamitar el Congreso, incluso “sacar los tanques a la calle” y hasta “matar a todos los legisladores” cuando el Senado aprobó un aumento del 7,1% para los jubilados. Y no lo hizo a pesar de que la ministra de Seguridad puso en marcha un ciberpatrullaje el año pasado, amparado en el Decreto 383/2025 para “la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos”. Por si hace falta recordarlo, los artículos del Código Penal 226, 227 y 229, que contemplan la sedición y la rebelión, aplican como delitos federales, además de otros quebrantamientos que podrían cometerse en el contexto de un intento de golpe de estado, como la intimidación pública, el alzamiento en armas y el atentado contra la autoridad. Todos delitos que fueron, al menos, incitados a cometer por estas personas justamente a través de las redes sociales. Pero todo parece indicar que el 10 de julio pasado el área de ciberpatrullaje no funcionó adecuadamente o no quiso hacerlo, porque nada se hizo para controlar esa incitación a la violencia manifiesta contra una de las instituciones de la república. Su pasividad contrasta con la actitud adoptada esta semana contra varios periodistas.
Algunos tuiteros recordaron varios posteos suyos que justamente la mostraban en las antípodas de sus posturas actuales. Por ejemplo, cuando señaló en octubre de 2014: “Nuevo atropello contra la libertad de expresión, allanan @LaBrujula24 para evitar que se conozcan nuevas escuchas del caso Suris”.
Bullrich es la líder que marca el camino a su fiel grupo de legisladores que la acompañaron en su paso desde el Pro hacia LLA. Son los llamados “republicanos selectivos” por sus exsocios de Juntos por el Cambio que hoy los critican por sus constantes defensas de las posiciones de dudoso espíritu liberal republicano que viene tomando el gobierno de Javier Milei. Esta última decisión, perseguir periodistas por informar, es la más grave y alejó definitivamente a muchos de ellos, marcó un punto de quiebre con los sectores que le pusieron el cuerpo a su gestión en Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y la acompañaron sin dudar durante el caso Santiago Maldonado. “Pato ya no es Pato, no parece la militante política que conocimos, se asumió como la mano dura de un gobierno de ultraderecha con el que no tenemos nada que ver”, señala un legislador radical, excompañero de ruta en aquel Cambiemos.
Patricia Bullrich perdió confiabilidad para el sector político que la apoyaba antes de cruzar de vereda y aliarse con Milei, y nunca la tuvo para el kirchnerismo, que ahora critica lo que consideran un comportamiento parcial y le recuerdan que ellos jamás intentaron censurar la famosa foto de “la fiesta de Olivos” que expuso de manera cruda el cinismo del expresidente Alberto Fernández. Hoy ambos sectores parecen unidos para repudiar su accionar, en lo que consideran una decisión marcadamente antirrepublicana. En ningún caso y en toda situación el poder debería ser una recompensa que obligue a renunciar a la defensa de banderas nobles. Y eso debe recordarse siempre.