La industria láctea atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. El derrumbe de una de las cooperativas más emblemáticas del país golpea de lleno a miles de familias trabajadoras y vuelve a poner en debate el futuro del sector.
La falta de pago de haberes, la ausencia de aportes y el estancamiento de las gestiones para conseguir inversores terminaron por detonar el malestar de los empleados.
El conflicto escaló esta semana con la realización de una asamblea extraordinaria de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). En ese encuentro, los afiliados resolvieron dar un paso drástico: acudir a la Justicia para solicitar la quiebra de la firma. El objetivo, remarcaron, no es clausurar definitivamente la producción, sino reclamar la continuidad laboral bajo condiciones que garanticen estabilidad y dignidad salarial.
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La medida se formalizará en el Juzgado de la ciudad de Rafaela, donde se tramita el Concurso Preventivo. El caso tiene como protagonista a SanCor, la cooperativa que supo ser líder en la industria láctea nacional y que hoy acumula una deuda histórica de magnitud crítica.
Foto: SanCor
Según los registros judiciales, la compañía mantiene 1.860 créditos laborales reconocidos por un total de 69 mil millones de pesos. A ello se suma un atraso de cinco meses en el pago de salarios —de abril a agosto—, el aguinaldo del primer semestre y más de 14 mil millones de pesos en aportes y contribuciones retenidas que nunca fueron giradas a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y el propio sindicato. La combinación de deudas salariales y patronales dejó a los empleados sin ingresos y sin cobertura social en plena crisis económica.
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En las plantas fabriles, la situación es cada vez más crítica. Los trabajadores denuncian que sobreviven a base de préstamos personales, changas y asistencia de familiares para cubrir gastos esenciales. Al mismo tiempo, alertan que la producción está paralizada en varias localidades y que la infraestructura se deteriora rápidamente ante la falta de inversión.
Foto: SanCor
Desde ATILRA remarcaron que el pedido de quiebra debe entenderse como una herramienta para presionar a las autoridades y acelerar la búsqueda de inversores. “No es un final anunciado, es un llamado de atención para que se actúe con la urgencia que la situación amerita”, señalaron voceros gremiales al término de la asamblea. La prioridad, subrayaron, es resguardar los puestos de trabajo y sostener el funcionamiento de las plantas.
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El deterioro de la cooperativa no es nuevo. Desde hace más de una década, distintos planes de reestructuración y acuerdos con el sector privado quedaron en la nada, mientras la firma cedía participación de mercado y recortaba personal. Hoy, el panorama es desolador: fábricas cerradas, líneas de producción discontinuadas y un pasivo que amenaza con arrastrar a todo el entramado de servicios sociales ligados a los trabajadores.
A la espera de lo que defina la Justicia, los empleados continúan con medidas de fuerza y protestas en las localidades donde aún se mantienen plantas activas. En paralelo, los dirigentes sindicales insisten en que el Estado nacional debe involucrarse más para garantizar la continuidad de una empresa que fue sinónimo de producción láctea argentina durante gran parte del siglo XX.