La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas resolvió que debe tramitarse en Comodoro Py la denuncia que presentaron yerbateros de Misiones contra el presidente Javier Milei. Los productores lo acusaron de abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales o del oficio por no haber designado al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que permanece acéfalo desde diciembre de 2023.
La presentación de Hugo Aníbal Sand, Iván Ener Sand, Jorge Skripczuk, Salvador Torres y Leonardo Gerber se realizó en el mes de marzo en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Gallandat Luzuriaga, quien declaró su incompetencia y giró todo a Comodoro Py. El expediente recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, quien declinó hacerse cargo, generándose un conflicto que ahora fue zanjado por la Cámara.
En su denuncia, los productores señalaron recordaron que un amparo acogido por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas suspendió los efectos del DNU 70/2023, que desregulaba la actividad yerbatera y le quitaba al Instituto la facultad de fijar los precios de la hoja verde y la yerba canchada (seca, sin molienda) en forma semestral.
En ese sentido, indicaron que la resolución judicial frenó ese proceso de desregulación y por ende continuaban vigentes todas las atribuciones del INYM. Los yerbateros señalaron que el Artículo 22 del decreto reglamentario de creación del Instituto establece que el director nombrado por el Gobierno Nacional estará a cargo de la presidencia del directorio de INYM y que, además, debe designar a un suplente entre los restantes miembros del directorio, que reemplazará a su presidente en caso de ausencia transitoria o vacancia temporaria.
En la denuncia, dijeron que el presidente de la Nación “no ha cumplido con su obligación de designar un representante quien oficia de presidente del instituto”, lo que imposibilitaría el normal funcionamiento del organismo, agravaría una hipotética crisis, pondría en riesgo la estabilidad del sector yerbatero y ocasionaría daños irreparables al pequeño productor misionero”.
Indicaron que la acefalía impediría “la fijación de precios justos y un adecuado control de la cadena productiva”, por lo que, el sector productivo de la yerba mate estaría “a la deriva, con riesgos de sobreoferta, especulación y pérdida de rentabilidad para los pequeños productores yerbateros”.
Ya planteado el conflicto de jurisdicción entre ambos juzgados, el Fiscal General dictaminó que “teniendo en cuenta los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal, y las constancias adunadas a la causa principal, se advierten suficientes razones que aconsejan la continuidad de la sustanciación de estos actuados por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría N° 3 de Capital Federal”.
Indicó que el Código Procesal Penal de la Nación establece que la competencia territorial se determina por el lugar de comisión del hecho y consiste en procurar la mejor actuación de la Justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven a cabo en la proximidad del lugar donde ocurrió la infracción, donde se encuentran los elementos de prueba y los testigos, y donde muchas veces también se halla el domicilio del imputado, cuya defensa de tal modo se facilita.
Tras destacar que la sede del Gobierno Nacional está en Balcarce 50, la Cámara concluyó que “el extremo del asentamiento funcional del ejercicio de la función pública del denunciado resultan determinantes para resolver el planteo traído a estudio, habida cuenta las consideraciones de economía y conveniencia procesal, cobrando particular relevancia este último aspecto, a poco de que se lo conjugue con los fines del proceso penal: averiguación de la verdad para la correcta aplicación del derecho de fondo”.
En base a eso, el camarista Mario Osvaldo Boldú se pronunció por remitir todos los antecedentes al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N° 3 de la Capital Federal.
La decisión de los productores de avanzar con una denuncia penal contra el presidente Javier Milei se tomó luego de que el Gobierno Nacional no acatara los amparos que frenaron la desregulación de la economía yerbatera dispuesta a través del decreto 70/2023.