La falta de pagos, el congelamiento de aranceles y la reducción de prestaciones están dejando una huella profunda en el sistema de atención a personas con discapacidad. Así lo expresó Emilse Gutiérrez, una docente que desde principios de año trabaja sin cobrar por sus servicios y se movilizó este jueves para reclamar soluciones y acompañar la marcha a nivel nacional que se concentra en los alrededores del Congreso de la Nación.
La situación, que se repite en muchas provincias, afecta a docentes de apoyo, transportistas, acompañantes terapéuticos y profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos. Todos ellos forman parte del entramado que permite que niños con discapacidad accedan a sus tratamientos y educación en condiciones de equidad. Sin embargo, los retrasos en los pagos por parte del Estado nacional complican la continuidad de este sistema.
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Además del incumplimiento en los pagos, tampoco se actualiza el valor del nomenclador –la escala que determina cuánto cobra cada profesional– lo que agrava aún más el panorama económico. La docente subrayó el impacto que esto tiene en los niños: “Los que más pierden son ellos, porque pierden sus terapias”.
Las familias, por su parte, también quedan desprotegidas. “No todas pueden pagar las terapias de manera particular”, explicó la docente.
Ante este panorama, profesionales y familiares comenzaron a organizarse. En el marco de una jornada nacional de protesta, se movilizaron hasta la Superintendencia de Salud en busca de respuestas. “A cada obra social que vamos, siempre nos dicen lo mismo: que no hay información, que hay un problema con esta ley que complica los pagos”, detalló Emilse.
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Sin certezas sobre cuándo o cómo se resolverá esta situación, la comunidad afectada continúa luchando día a día. “Estamos acá para aportar un granito de arena, para que esto se pueda solucionar pronto”, concluyó.
MOVILIZACIÓN FRENTE AL CONGRESO, EN LA PREVIA DE LA SESIÓN EN EL SENADO
La Fundación de Desarrollo Humano Integral, la organización Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras asociaciones, se concentran hoy en el Congreso para “exigir” la sanción definitiva de la Ley de Emergencia que se tratará en el Senado de la Nación.
Las entidades están presentes en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires, y también en diversos puntos del país, ya que la “profunda crisis” que está atravesando el colectivo es a nivel federal.
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Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral indicaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que “la discapacidad está en una crisis al borde del colapso”, no sólo por las asignaciones que muchas personas ya no reciben, sino también porque hay un “vaciamiento” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), institución que debe bregar por sus derechos.
“En la ANDIS hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del -19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron.
Asimismo, remarcaron que también hubo recortes en transporte y en tratamientos de salud mental y aseguraron que la discapacidad “no puede ser una variable de ajuste” y añadieron: “Le pedimos a la sociedad toda que nos ayude a visibilizar esta emergencia”.
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Por otra parte, fuentes de ANDIS que prefieren mantenerse en el anonimato, declararon a la agencia Noticias Argentinas que, en los próximos meses, las problemáticas dentro del área SERÁN “cada vez peores” y que casi el único ítem importante que tiene la Agencia en agenda es “recortar pensiones” sin importar el modo o a quienes afecte.
Para finalizar, el Foro Permanente aseguró que el sistema de atención a las personas con discapacidad “atraviesa una situación de colapso total y absoluto” y que el “incumplimiento del Estado, la desfinanciación y la vulneración sistemática de derechos” afecta a más de 250.000 personas que reciben atención y más de 150.000 personas que trabajan en estos servicios.
“No podemos permitir este maltrato. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar derechos que ya están reconocidos por la ley”, concluyó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), organización miembro del Foro Permanente.
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Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.