El cocalero Evo Morales lanzó una grave denuncia contra la familia de Luis Arce. Según dijo, el magistrado René Espada del Tribunal Constitucional Plurinacional recibió un pago en criptomonedas para firmar la sentencia que lo inhabilita.
Morales aseguró que ahora entiende que estas resoluciones no nacen del órgano judicial. Indicó que son diseñadas a pedido del Ejecutivo y ejecutadas por magistrados autoprorrogados. Hasta el momento ni el Gobierno ni el TCP han emitido declaraciones.
Durante su programa dominical, Morales y su exministro Wilfredo Chávez apuntaron directamente al magistrado Espada. Afirmaron que se pagaron 50 mil dólares digitales como parte de una operación para sacarlo de la contienda.
Chávez dijo que los chats filtrados del exministro de Justicia, César Siles, respaldan esta versión. Indicó que la sentencia 0007/2025 fue redactada en coordinación con el Gobierno. Espada habría sido el magistrado relator de la resolución que veta a Morales.
Según Chávez, Siles le envió a Espada un borrador de la sentencia el 7 de mayo. Tres días después, Espada respondió que ya no se podía acceder al portal judicial.
Añadió que lo acordado debía depositarse en su cuenta de Binance. Siles, según los mensajes, respondió: “Estoy cargando 50 mil USDT”. Con ello, Chávez sostuvo que se concretó el pago por una sentencia manipulada.
El TCP habría negociado la sentencia
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El abogado también aseguró que esa sentencia tenía un solo objetivo: impedir que Morales sea candidato. La resolución estableció que ninguna persona puede ejercer más de dos veces la presidencia, ni de forma continua ni discontinua.
Según el entorno de Morales, esa medida está dirigida directamente contra él. Afirmaron que Espada firmó sin revisar, simplemente cumpliendo órdenes. La denuncia aún no ha recibido respuesta oficial.
Chávez insistió en que la operación fue montada desde los más altos círculos del poder. Explicó que hay una estrategia planificada para eliminar a Morales políticamente.
Asimismo, dijo que las pruebas provienen del celular del exministro Siles, actualmente procesado. Morales agregó que Espada cobra para firmar sentencias hechas por otros. Señaló que el TCP está sometido al Ejecutivo.
También pagaron a miembros del TSE
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Pero las acusaciones no se quedaron ahí. La exministra Teresa Morales involucró también a la esposa de Luis Arce. En una rueda de prensa, aseguró que la señora Brígida Durán transfirió 30 mil dólares desde una cuenta en Panamá.
El dinero habría sido enviado al vocal electoral Tahuichi Quispe. Esa operación ocurrió supuestamente el 12 de marzo.
Según Teresa Morales, el voucher del depósito aparece en los chats filtrados del exministro Siles. Mostró un comprobante del Banco Nacional de Panamá con los nombres de los involucrados.
La exministra aseguró que el depósito coincidió con la inhabilitación del Frente Para la Victoria. Ese partido tenía una alianza con el evismo para las elecciones de agosto. Un día después del depósito comenzó su exclusión del proceso.
La exministra sostuvo que también hay mensajes entre Tahuichi y Siles relacionados con la suspensión de Pan-Bol. Según dijo, el 12 de mayo Tahuichi le mandó antecedentes de observaciones al TSE.
Ese mismo día, Siles le envió una resolución que disponía la suspensión de Pan-Bol. Morales afirmó que eso prueba la injerencia del Ejecutivo en decisiones electorales. Dijo que es un hecho gravísimo.
Además, Morales denunció que Siles le envió pasajes a Tahuichi para viajar a Cochabamba. Cuestionó con qué fin y en qué calidad se hace ese tipo de gestiones.
Afirmó que el país merece una explicación clara sobre estos movimientos. Indicó que todo esto forma parte de un plan para eliminar al evismo. Y acusó al Gobierno de usar a magistrados y vocales como operadores políticos.
Tahuichi negó las acusaciones
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El vocal Tahuichi Quispe negó rotundamente las acusaciones. Las calificó como “una maligna mentira” de los seguidores de Morales. Aseguró que no ha recibido ningún depósito ni mantiene cuentas en Panamá.
Sin embargo, evitó referirse a los demás elementos denunciados. Tampoco aclaró la relación con el exministro Siles.
Negocios y Política, el portal argentino que publicó las filtraciones, insiste en su autenticidad. Asegura tener 12 gigas de información extraída del celular de Siles. En su informe habla de un plan secreto para “exterminar políticamente a Evo Morales”.
El medio asegura que hay documentos bancarios, conversaciones privadas y resoluciones judiciales. Pero no ha mostrado aún la totalidad del material.
El Gobierno no se ha pronunciado ni sobre los pagos denunciados ni sobre la presunta participación de la esposa de Arce. Tampoco se ha referido a las acusaciones contra el magistrado Espada.
El silencio institucional genera más especulación. Mientras tanto, el entorno de Morales exige una investigación urgente. Afirman que está en juego la limpieza del proceso electoral.
Morales sostiene que hay un pacto para excluirlo usando al aparato judicial. Arce, por su parte, no ha respondido directamente a las acusaciones.