La apertura de la investigación judicial contra el presidente Javier Milei por su implicación en la promoción de la fallida criptomoneda $Libra, surge tras una denuncia presentada el pasado 17 de febrero. Allí se lo acusa a Milei y a varios empresarios de ejecutar un esquema fraudulento conocido como «rug pull». Este consiste en atraer inversiones para luego retirar abruptamente el capital, dejando a los inversores con pérdidas millonarias.
La jueza María Servini delegó la causa en la Fiscalía Federal 3, que tras una semana del hecho, requirió informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y a Google. Además el fiscal Eduardo Taiano solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para preservar y recuperar evidencia digital relevante. Las acusaciones incluyen presunta asociación ilícita, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Dicha denuncia fue presentada por el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP).
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La criptomoneda $Libra, que fue promovida públicamente por Javier Milei en sus redes sociales, experimentó un aumento exponencial de valor tras su lanzamiento, seguido de un desplome abrupto. Este colapso generó pérdidas estimadas entre 70 y 100 millones de dólares, afectando a decenas de miles de usuarios. Según los informes, Milei habría promovido la criptomoneda minutos después de su creación, lo que genera sospechas de su conocimiento anticipado y posible complicidad en el esquema fraudulento.
El caso ha puesto bajo la lupa no solo al presidente sino también a personajes de su entorno como Hayden Mark Davis y Julián Peh, quienes habrían tenido reuniones con Milei en eventos y lugares oficiales como la Casa Rosada y la quinta de Olivos. Las denuncias también mencionan pagos a figuras cercanas al mandatario que podrían comprometerlo aún más, donde resuena el nombre de Karina Milei.
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A pesar del escandaloso accionar de Milei, que en entrevistas se lo vio decir que difundió la criptomoneda $Libra en calidad de «ciudadano» y no de «presidente», desde el macrismo, el radicalismo y el peronismo apuestan a sostenerlo a él y su plan de ajuste. El jueves el Senado rechazó la formación de una comisión investigadora para abordar el caso, evidenciando una vez más el blindaje que la «casta política» ofrece a sus miembros. Las instituciones del Estado aparecen más interesadas en proteger a los poderosos, sus negociados y estafas, que en garantizar justicia.
Frente a este panorama, es fundamental que la indignación popular se exprese en las calles. La única forma de avanzar hacia la verdad y exigir responsabilidades es mediante la movilización de todos aquellos sectores que están sufriendo el ajuste feroz de este gobierno. La lucha colectiva es el camino para enfrentar no solo este escándalo, sino también todas las políticas que perjudican a las mayorías trabajadoras y populares.
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