En las últimas semanas, hemos asistido a una ola de crímenes en la provincia de Buenos Aires que han conmovido tanto por su salvajismo como por el hecho de que algunos de los victimarios fueron adolescentes, inimputables desde el punto de vista penal por su corta edad. El asesinato de la niña Kim Gómez, de solo 7 años, luego de ser arrastrada en La Plata por un auto que acababa de ser robado por dos delincuentes de apenas 17 y 14 años, fue el más llamativo por su grado de crueldad.
El involucramiento de menores de edad en delitos de toda clase es un fenómeno que crece desde hace bastantes años. No pocos niños y adolescentes, acostumbrados a vivir en la marginalidad, han pasado a convertirse en mano de obra barata de organizaciones criminales, dedicadas tanto al narcotráfico como al robo de hogares y vehículos o al simple asalto callejero. Los conocidos “soldaditos de la droga”, al servicio de organizaciones mafiosas vinculadas al tráfico de estupefacientes, ocupan una de las más tristes postales en algunas de las zonas más humildes del país.
Actualmente rige en la Argentina un régimen penal que estableció en 16 años la edad de imputabilidad. Se trata de una edad que resulta elevada en comparación con países limítrofes, como Uruguay, donde es de 13 años, o Brasil, donde es de 12, y con otras naciones desarrolladas que mayormente penan a los menores a partir de los 14 años, aunque países como Inglaterra y Suiza lo hacen desde los 10.
Si bien el crecimiento de la delincuencia juvenil o infantil reconoce causas profundas, asociadas con la marginalidad y la precariedad habitacional, la violencia familiar, la ausencia de buenos ejemplos, la falta de educación y el contacto con las drogas, el actual régimen penal favorece la cooptación de menores de 16 años por mayores que los utilizan para los más viles propósitos, aprovechándose de que son inimputables.
Son imperiosas las políticas para enfrentar y superar la marginalidad y la pobreza, junto a aquellas tendientes a ampliar la inclusión educativa. Pero, entretanto, el Estado no puede permanecer de brazos cruzados frente a una realidad que pone en peligro demasiadas vidas inocentes.
La reducción de la edad de imputabilidad a no menos de 14 años, lejos de criminalizar a adolescentes en riesgo, sancionará y prevendrá a quienes han caído en el crimen, al tiempo que tendrá un efecto disuasivo y ejemplificador
No es razonable que personas que registran varias intervenciones criminales continúen en libertad, más allá de que sean menores de 16 años. Estamos hablando de sujetos que resultan peligrosos para la sociedad y para ellos mismos pues no reconocen el valor de la vida. El ineficaz funcionamiento del sistema reeducador de los institutos de menores o de las cárceles no puede ser una excusa para que los responsables de impartir justicia dejen en libertad a personas –menores o no– cuyo comportamiento se asocie con el delito como medio de vida.
De ahí la necesidad de que el Congreso de la Nación avance cuanto antes en un serio debate desprovisto de condicionamientos ideológicos sobre una reforma de régimen penal juvenil que contemple la baja de la edad de imputabilidad a no menos de 14 años.
Como hemos señalado en otras oportunidades, la reducción de la edad de imputabilidad, lejos de criminalizar a adolescentes en riesgo, sancionará y prevendrá a quienes han caído en el crimen, al tiempo que tendrá un efecto disuasivo y ejemplificador para muchos más.
Las reformas penales que impulsa el gobierno nacional deben ser acompañadas por acciones del Estado tendientes a garantizar la continuación y finalización de los estudios primarios y secundarios de los menores que delinquen, además de evitar que estos sean encarcelados en prisiones junto a adultos.
Es preciso abandonar preconceptos vinculados a ideologías garantistas o abolicionistas, y pensar de una vez por todas en las víctimas de la violencia y el crimen, además de agravar las penas sobre los mayores que se valen de los menores para delinquir.
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